Polémica en Pergamino: licitaron una obra, le adjudicaron los fondos pero nunca se hizo

Desde agosto de 2018 se espera el inicio de la construcción de una represa. La disputa entre el municipio y la provincia y “la herencia recibida”.

Las historias de obras pendientes en el país son muchas, más aún en la provincia de Buenos Aires, que arrastra problemas de infraestructura desde hace décadas. Una de ellas ganó notoriedad recientemente.

Se trata de la Presa de Regulación del Arroyo Pergamino, que según apuntan desde el municipio es la obra hidráulica más importante de la historia de la ciudad, necesaria para evitar inundaciones en una región donde son recurrentes. Fue licitada y adjudicada a la empresa Decavial S.A en 2018 y hasta la fecha, no se avanzó. En los últimos días, la concejala Silvia Viera, del PJ, reconoció que se habían utilizado los fondos para otras obras.

“No sé si es un desvío de fondos o si bajaron un crédito para tomar otro, pero indudablemente había una obra licitada, adjudicada y contratada”, aseguró a TN el intendente de Pergamino, Javier Martínez. “Hasta pagaron el anticipo y la empresa estuvo establecida en Pergamino unos años. En un momento hicieron un simulacro y Kicillof vino en 2022 un día a decir que la obra arrancaba el 1 de octubre. Cosa que nunca ocurrió”, agregó.

“Ahora, la presidenta del PJ en Pergamino reconoció que habían utilizado los fondos para otra cosa. Pero esos fondos tienen una asignación especial, no se puede hacer. Y la obra ya nos dijeron que no se va a hacer”, explicó el intendente. Y añadió: “No nos dieron ninguna explicación, porque no la deben tener. No sé que han hecho. Porque el anticipo lo pagaron, la empresa recibió ese dinero y no se hizo nada”.

Por último, señaló que fue contactado por el gobierno provincial en los últimos días. “Me llamó Katopodis y me dijo que iban a intentar meterlo en el Presupuesto de este año, pero es todo mentira, yo ya no les creo nada”.

El derrotero de la Presa de Pergamino

Según indicaron en el gobierno de Axel Kicillof a TN, la obra fue licitada en agosto de 2018, a partir de un financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Indicaron que también durante la gestión de la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, fue adjudicada a la empresa contratista que ganó la licitación, con la que se firmó el contrato y se le pagó el anticipo financiero.

Sin embargo, en Provincia hacen una aclaración importante: “El lugar donde debe construirse la presa corresponde a terrenos privados que deberían haber sido expropiados oportunamente. Dado que al momento de su licitación no se gestionó ningún permiso para acceder al lugar y avanzar en los estudios preparatorios necesarios para la intervención, ni tampoco se inició el trámite expropiatorio de los terrenos, la obra no comenzó en tiempo y forma”.

De esta manera, aclaran, a inicios de 2020, la nueva gestión provincial recibió una obra licitada y adjudicada, pero de la cual no contaba con los permisos para ingresar a los terrenos donde debía ejecutarla.

Asimismo, a través de la Fiscalía de Estado de la Provincia, se iniciaron los juicios expropiatorios pertinentes, los cuales derivaron en la toma de posesión de todas las parcelas afectadas por la obra, en algunos casos por orden judicial y en otros gracias a haber logrado acuerdos con los propietarios. Actualmente, solo resta llegar a un acuerdo con un propietario.

De acuerdo a la gestión actual, los procedimientos legales que no fueron completados a tiempo cuando comenzó el proceso de licitación durante la gestión 2015-2019, demoraron el inicio de la obra por más de 3 años, con la salvedad que a esa herencia recibida se le sumó el período de restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Incumplimiento de la empresa y “herencia recibida”

Superada la pandemia, las obras podían comenzar, ya que se habían hecho los estudios de suelos correspondientes. No obstante, según comentan en el Ejecutivo bonaerense, vencido el plazo estipulado en la licitación, la empresa contratista no presentó el proyecto ejecutivo, ni el plan de trabajos actualizado. El 13 de septiembre de 2023, la inspección de obra notificó a la contratista que, al no haber obtenido respuesta ante la inactividad, se iniciarían los trámites tendientes a impulsar la resolución contractual.

Tiempo después, la empresa realizó una presentación ante el ministerio de Infraestructura, planteando que las proyecciones de inflación y los cambios económicos que se preveían desde diciembre de 2023 afectaban su solvencia y liquidez en relación a este contrato. Tampoco accedieron a devolver el anticipo que se reclamaba.