La juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de allanamientos en el asentamiento en el marco de una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes. Ocupaciones ilegales y monopolización del territorio, la estrategia de los capos narcos porteños.

El magistrado dio intervención a distintos órganos estatales, tanto de la Nación como de la Ciudad, a efectos de preservar la seguridad de los residentes de la villa ajenos a la actividad ilícita y concluir con la ocupación ilegal de viviendas y la monopolización del territorio por estas organizaciones criminales.

Así fue que dispuso cerca de 40 allanamientos en la Villa 31 y 31 bis en simultáneo donde se acreditó el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y detalló la forma en la que operan en el interior de los asentamientos con un grado de organización tal que tornan sumamente complejas las investigaciones judiciales.

Evitar a la policía
El juez explicó que estas estructuras criminales organizadas cuentan con procedimientos preestablecidos que tiene como fin evitar la llegada de la Policía dentro de los asentamientos, y así dificultar las investigaciones judiciales.

Inmuebles estratégicos
Es por eso que estas bandas se valen de numerosos inmuebles en el interior de la villa, al punto tal que «toman manzanas enteras, y así estructuran sectorizadamente los lugares de venta, de acopio y de ocultamiento de estupefacientes y de armas, para poder evitar futuros allanamientos ordenados por el Poder Judicial.

Para su materialización, «usurpan por la fuerza las casas que resultan ser estratégicas en el barrio, no de manera azarosa sino las que resultan ser linderas a los puntos de venta, justamente, para así trasladar los estupefacientes de casa en casa con conexiones internas sin tener que desecharlos ante la intrusión policial».

Acceso limitado
Además, diseñan y colocan puertas o rejas directamente en los ingresos y egresos de determinados pasillos sin permitir el acceso a personas ajenas a las estructuras criminales que llevan a cabo la actividad ilícita.

El juez determinó que las personas investigadas «cuentan no sólo con la coordinación propia del negocio, sino que además conllevan a los habitantes del barrio -incluyendo menores de edad- a que sirvan a sus propios intereses, ya sea comercializando estupefacientes, ocultándolos junto a las armas, o incluso despojándolos de sus propias viviendas, generando un nivel de violencia extremo dentro del asentamiento».