La Justicia cree que en la Argentina operan unas siete organizaciones criminales chinas; contratan sicarios locales para extorsionar a comerciantes de su misma nacionalidad.
En menos de cinco años, la mafia china cometió 31 asesinatos en el país. A pesar de los acuerdos jurídicos de cooperación entre los gobiernos de la Argentina y China para que integrantes de las fuerzas de seguridad de ambas administraciones intercambien información de las bases de datos de integrantes de las tríadas, por lo menos siete grupos mafiosos del país asiático siguen activos, actualmente, en nuestro país.
El crecimiento del número de supermercados propiedad de ciudadanos de dicha nacionalidad alimentó diversos rumores: los dueños se beneficiarían por un tratado de inversiones de la época menemista que los exime de pagar ciertos impuestos; serían apoyados por el gobierno de China por medio de su embajada; serían competitivos por no respetar la legislación laboral argentina o abastecerse de mercadería adquirida a piratas del asfalto, etcétera. Pero sobre todos estos rumores, sumados a la gran cantidad de casos policiales sin resolución protagonizados en los últimos años por ciudadanos chinos, sobrevuela la tenue certeza que en la Argentina opera una organización china de costumbres mafiosas. Y como un mantra de la realidad argentina, dicha mafia local contaría con la connivencia de políticos argentinos.
Mitos y leyendas
Se estima que en la Argentina hay más de 4.000 supermercados chinos. A tal punto se expandió la comunidad en este rubro que crearon la CASRECH (Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos), entidad cuyo fin principal es asistir a los dueños de las tiendas tanto en la compra de mercadería como en problemas legales.
En lo laboral hay dos costumbres. Por un lado, en los comercios chinos suelen trabajar parientes, siendo frecuente no sólo que trabajen jornadas de 14 horas como también que vivan hacinados en el mismo negocio; por otro lado, la mayoría de los dueños alquila sus negocios y frecuentemente subalquila los sectores de carnicería y verdulería, este último casi siempre a ciudadanos bolivianos o paraguayos. Todo esto contribuye aún más a tener bajos costos, sumado también a no invertir en publicidad.
Pero en el terreno de los mitos reina el supuesto de que los comerciantes chinos deben pagar una cuota mensual a organizaciones mafiosas de compatriotas para poder trabajar. Y allí es donde se eslabonan numerosas muertes impunes de inmigrantes chinos causadas por connacionales, que abonan el terreno para que el mito germine en realidad.
Al que quiere celeste, que le cueste
Nueve de cada diez supermercados chinos tienen sus rejas o cortinas pintadas de color celeste o azul. Este detalle trivial se ajustaría a identificar con qué organización china local «contribuye» el dueño para poder trabajar. Otros colores usados en los pocos comercios restantes son el verde, el amarillo y el rojo.
La elevada preponderancia del celeste se correspondería con la mafia proveniente de la provincia del Sur de China continental llamada Fu Jian, de donde se estima son originarios el 80 % de los inmigrantes chinos en el mundo. El apriete por protección también es vinculado a otra maniobra urdida por esta predominante organización, consistente en traer ciudadanos chinos al país para financiarlos y establecerles un negocio cobrándoles luego una cuota mensual eterna que muchos estiman nunca baja de los U$S 2.500 mensuales. Quienes en algún momento se resisten a este pago son quienes luego alimentarían las páginas policiales de homicidios chinos en la Argentina.
La Policía Federal Argentina, empero, marca numerosas dificultades para investigar dichos episodios de sangre. La mayoría de los cadáveres no son reclamados por familiares; orientales que súbitamente olvidan el idioma local y dicen no entender los interrogatorios policiales; dificultad de identificar las identidades de los occisos; etcétera. Para tener una magnitud de esto, en junio de 2003 se condenó a uno de los pocos killers chinos identificados a cadena perpetua, tras asesinar a dos compatriotas de un supermercado en Munro que no le pagaron $400.000 por él exigidos.
Mas la principal causa del silencio entre connacionales se adjudica a irregularidades inmigratorias, delitos en los cuales funcionarios políticos argentinos tuvieron y tienen una activa responsabilidad.
