El lunes pasado los funcionarios judiciales de la Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, encabezaron un procedimiento en un centro de salud privado para secuestrar documentación relacionada a la atención recibida por Juan Pablo Baccinelli, quien terminó en estado de coma, y tal como lo asegura la familia configuraría un caso penal de mala praxis.
La intervención judicial que se desarrolló a lo largo de cinco horas, desde las 16:00 a las 21:00, se denomina legalmente “Orden de presentación y secuestro” y fue resuelta por el Juzgado de Garantías N° 3, con la firma del juez Julio Caturla, a pedido del fiscal Mastorchio, quien requirió incautar toda la documentación vinculada al paciente Juan Pablo Baccinelli.
Al centro de salud de Avenida de Mayo y Rivadavia concurrieron los funcionarios judiciales Romina Caniglia; Sebastián Labbate y Juan Martín Fontana, junto a detectives de la Policía de Investigaciones (DDI); quienes exhibieron la orden del juez a las autoridades de la gerencia para que le entregaran toda la documentación existente respecto a la intervención médica y profesional a Baccinelli en el sanatorio.
Si bien el procedimiento fue extenso, los encargados de llevar a cabo la medida judicial encontraron total colaboración por parte de las autoridades de la clínica.
Al finalizar la diligencia judicial, los funcionarios de la Fiscalía se fueron con un voluminoso paquete de 200 hojas, donde están la historia clínica; las ordenes de internación; los datos de la intervención quirúrgica y los legajos de los profesionales que participaron de la operación; además de estudios de laboratorio, placas de rayos X y CD’s con radiografías en formato digital.
Esas actuaciones ya han sido incorporadas al expediente que desde el martes 29 de septiembre tiene a su cargo Mastorchio para investigar. La denuncia judicial fue realizada por la esposa del paciente, Etelvina Lorena Spena, a los pocos días que su marido sufriera la patología aguda; pero en la Fiscalía recayó la instrucción en otra UFI que finalmente se excusó de proseguir las actuaciones.
La causa penal se encuentra en un estado incipiente de la investigación porque a partir de la documentación secuestrada deben dar intervención a los especialistas de la asesoría pericial y requerir asesoramiento de profesionales de la salud para establecer científicamente si el procedimiento médico configura el delito de mala praxis y en quien recaería la responsabilidad penal por ese delito.
semanario El Tiempo