El Gobierno provincial comunicó a los municipios bonaerenses que deberán eliminar la obligación de pagar las infracciones de tránsito que no tengan sentencia firme a los conductores que quieran renovar el registro, dando lugar a un reclamo de la Defensoría del Pueblo.
La decisión del organismo tiene que ver con las múltiples quejas relacionadas a la imposibilidad de obtener la renovación del carnet, en los distritos donde la gente posee sus domicilios, si existen deudas pendientes de cancelación, informaron desde la Defensoría.
Actualmente, la ley establece que todos quienes tengan que iniciar este trámite que deberán obtener un certificado de libre deuda expedido por el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros provincial. Esta oficina, a su vez, plantea que es obligación de los juzgados comunicar al registro de antecedentes de tránsito, las sanciones y las declaraciones de rebeldía, por lo que las renovaciones están ligadas a la existencia de una sentencia firme en relación a estas situaciones.
En respuesta a este reclamo, la dirección de Seguridad Vial emitió una circular a los municipios para que hagan cumplimiento efectivo de la sentencia judicial. De todos modos, se aclaró que la orden no será de cumplimiento efectivo, puesto que ahora cada comuna deberá adecuar su estructura administrativa.
En la circular a los municipios, la Provincia les recordó que “solo la existencia de multas impagas o inhabilitaciones vigentes, impuestas por sentencias firmes y consentidas impiden la obtención de la licencia de conducir”. En ese marco, se indicó que “aquellos procedimientos donde solo existan infracciones constatadas y/o en trámite no pueden obstaculizar la obtención de la licencia única de conducir”.
Actualmente, todas las comunas bonaerenses exigen la entrega de un certificado de libre deuda de multas de tránsito como condición necesaria para iniciar el trámite del carné de conducir.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo advirtió al Gobierno sobre la existencia de una “gran cantidad de reclamos administrativos y judiciales realizados por los ciudadanos respecto a la supuesta negativa a renovar sus licencias de conducir por parte de los municipios en relación a infracciones de tránsito en proceso de juzgamiento”.
El Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, aseguró que “es necesario mediar ante los organismos en los casos que resulten dudosos o que no permitan ejercer el legítimo derecho de la defensa de los ciudadanos”.