Corrupción K
Es en el marco de la causa Hotesur. Se trata de los bienes cedidos por la ex Presidenta a sus hijos.
Cristina ya recibió un embargo del juez Bonadio por la causa dolar futuro.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron el embargo preventivo de los bienes del patrimonio de Florencia y Máximo Kirchner en el marco de la causa Hotesur SA. Se trata de los bienes cedidos por la ex Presidenta y que surgen de la sucesión de Néstor Kirchner. También se pidió el embargo sobre el único terreno fiscal que le queda a Cristina Kirchner, que había cedido a Lázaro Báez pero que nunca se inscribió dicha titularidad.
Con el avance de las causas judiciales y tras el embargo trabado por el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro, la ex Presidenta informó que todos sus bienes habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Esta maniobra fue denunciada por la diputada nacional del GEN por «insolvencia fraudulenta».
Ahora los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron el embargo preventivo del patrimonio de Máximo y Florencia: 16 inmuebles, un automóvil declarado por el contador Víctor Manzanares por $ 153.615 y de tres participaciones societarias por $ 13.723.686.
El embargo se pide como medida preventiva y señalando que se están investigando maniobras de «lavado de activos» y el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes, mencionando los vínculos comerciales con Lázaro Báez, preso hace siete meses.
El juez Julián Ercolini deberá resolver si quedan embargados o no los bienes, en el marco de la causa Hotesur SA (dueña del Alto Calafate) donde se investiga el lavado de activos.
Pollicita y Mahiques indican en el extenso escrito que hay «sólidos indicadores que demustran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminosos patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia». Y que el embargo preventivo es la mejor medida para «resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados».
Los fiscales detallaron que Cristina Kirchner no sólo cedió la parte de la herencia que le correspondía por los bienes gananciales adquiridos por Néstor Kirchner, sino que les cedió «la totalidad de los bienes gananciales inscriptos a su nombre, sobre los cuales únicamente sus hijos deberían haber heredado el 50 %». Significa que todo su patrimonio (dinero, acciones, inmuebles y automotores) es propiedad de sus hijos.
A la ex Presidenta sólo le queda un terreno fiscal que le cedió a Lázaro Báez después que Austral Construcciones realizó la ampliación del hotel boutique Los Sauces. La propiedad ubicada en El Calafate fue allanada en la llamada «ruta del dinero K» la semana pasada y según la Matrícula 5289, de los 18.000 metros cuadrados de superficie, Cristina Kirchner cedió 6.000 mt2. No existe ninguna escrituración final a nombre del empresario K y los fiscales pidieron que también sea embargado.
El dictamente de los fiscales indica que la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido la inhibición total de los bienes incluidos en la sucesión de Néstor Kirchner «ya que el patrimonio del ex mandatario se encontraba sospechado de haberse incrementado fraudulentamente«. Además, señalaron que los bienes que Cristina cedió a sus hijos y que eran titularidad de su marido «son materia de investigación judicial respecto al origen de los fondos con que se adquirieron».
En este punto hacen mención a la relación con Lázaro Báez, preso por lavado de dinero. La porción de la herencia cedida a favor de Máximo y Florencia Kirchner, es en parte investigada por presuntas «maniobras de retorno a la ex familia presidencial de parte de los fondos obtenidos de manera ilícita, entre otros canales, a través de la matriz de corrupción creada en torno a la obra pública vial». Causa que también investiga Ercolini y donde se habla de un direccionamiento de U$S 2.200 millones a favor de Austral Construcciones.
Al respecto Pollicita y Mahiques remarcan que parte de esta maniobra incluye la investigación sobre el arrendamiento de los complejos hoteleros de la familia Kirchner y que manejó Báez y a su vez, alquiló habitaciones que no utilizó.
«Esta matriz de negocios espurios no se agotaría en el favorecimiento de los funcionarios al socio y amigo de los ex presidentes», remarcan los fiscales y agregan: «Sino que también se habría caracterizado por una canalización de fondos de origen ilícito proveniente de la concesión irregular de obra pública de parte de esos empresarios a favor de la propia familia presidencial mediante la utilización de la actividad hotelera, un complejo entramado societario y una serie de operaciones inmobiliarias».
Fuente: Clarín