Procesaron por estafa a un abogado y juez de Faltas de la Municipalidad de Rosario
El letrado del foro local representó a familiares de un fallecido en un accidente, cobró más de 2 millones de pesos, pero les dijo que les tocaban cerca de 270 mil pesos.
Un abogado del foro local, que además se desempeña como juez de Faltas de la Municipalidad de Rosario, fue procesado por la probable comisión del delito de estafa contra sus propios clientes. El letrado fue denunciado por los hijos de un hombre fallecido en un accidente de tránsito en 2001, a quienes representó en un juicio civil que arrojó una sentencia resarcitoria por más de dos millones de pesos, pero de los cuales les entregó una porción muy inferior tras pactar un arreglo con la compañía de seguros.
El 6 de marzo de este año se conoció el caso del abogado denunciado por los cuatro hijos de Ricardo G, un hombre que el 2 de febrero de 2001 murió al ser embestido mientras circulaba con su bicicleta por bulevar Rondeau y Puccio.
Según el relato que hicieron los denunciantes en noviembre de 2012 ante la Unidad de Información y Atención a la Víctima, el abogado Sergio Luis Bonetto habría estafado a su madre (viuda de Ricardo) en el juicio civil por daños y perjuicios que se tramitó en un Tribunal de Responsabilidad Extracontractual.
En mayo de 2012 los jueces condenaron al conductor del auto y subsidiariamente a una compañía de seguros (Federación Patronal) a resarcir a las víctimas con 790.000 mil pesos más los intereses acumulados desde el momento del accidente, lo cual arrojó una cifra total de casi 2 millones 200 mil pesos.
Pero el abogado dilató informar esa resolución a sus clientes. Recién en octubre de 2012 les dijo que la compañía les había ofrecido 270 mil pesos en dos cuotas, una cifra inferior y totalmente dispar a la que ordenaba el fallo. Como los damnificados pidieron que se mejorara la oferta, el abogado los citó el 5 de octubre en la sucursal del Banco Galicia del Paseo del Siglo (Córdoba 1851).
El profesional entregó a los cuatro hermanos 82.800 pesos cada uno (381 mil pesos en total), y les hizo firmar un recibo donde además se alteraba el pacto de cuota litis en 27 por ciento.
La noticia. Tras enterarse del millonario resarcimiento por una nota que publicó LaCapital, los clientes se presentaron ante el abogado para pedirle explicaciones, pero este se hacía negar. Cuando lograron contactarlo, les dijo que los datos publicados en el diario eran erróneos. No obstante, se acreditó en la compañía y en el mismo juzgado que el capital a pagar, más intereses, elevó la suma a 2.167.000 pesos.
El abogado, que forma parte del plantel de jueces de falta de la Municipalidad de Rosario, fue investigado por su conducta en el juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Roxana Bernardelli. Hace pocos días, y tras acumular pruebas que acreditaron la maniobra, la jueza decidió procesarlo (la resolución fue apelada) por la probable comisión de delito de estafa.
Le atribuye «no haber informado correctamente a sus clientes de los términos de la sentencia, abusando de su confianza con maniobras ardidosas tendientes al engaño, a los fines de generarles un perjuicio patrimonial al quedarse con parte del dinero de la indemnización que les correspondía».
Bernardelli describe que las maniobras consistían en «no comunicar al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual el deceso producido en diciembre de 2008 de la demandante (esposa de la víctima), aduciendo que ello retrasaría el pleito».
También le adjudica haberlos citado a su despacho para decirles recién en agosto de 2012 que, si bien habían ganado el juicio, la compañía había ofrecido abonar 270 mil pesos en dos cuotas de 135 mil, y les aconsejó firmar una nota en disconformidad de la que no les entregó copias a sus clientes; y de haberles pagado los 331.200 en el banco cuando en realidad él había cobrado 790.000 mediante un cheque que Federación Patronal emitió a su favor.
Tomando en consideración que ese monto y que el acuerdo de cuota litis era el 27 por ciento del total, es al abogado le correspondían 213 mil pesos. Pero las cuentas son simples: les entregó 331.200 a los cuatro hermanos, cuando en realidad les correspondían 537.200.
Dolo. La jueza procesó al abogado porque «a prima facie se cumple con el concepto de acción dolosa», para «el delito de estafa, sumando a ello el beneficio dinerario obtenido ilegítimamente y el perjuicio económico causado a las víctimas». Si bien mantiene su estado de libertad, le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los 500.000 pesos.
En la resolución se decidió archivar las actuaciones respecto de la pareja de Bonetto —una abogada que litigó en el caso— de quien no surgió que se haya plegado a las maniobras.
