La medida de fuerza, a la espera de una oferta salarial “superadora”, afecta directamente a más de 3,2 millones de chicos de la Provincia.
Los maestros rechazaron una oferta de aumento del 30,9% en dos tramos.
En este contexto, el Gobierno de Buenos Aires retomó el miércoles una idea que, de avanzar, sería auspiciosa. El propio vicegobernador, Gabriel Mariotto, dijo que presentará una propuesta para modificar la Constitución provincial con el objetivo de que “la educación sea considerada un servicio público”.
No es la primera vez que en el ámbito de la provincia se piensa en esa idea: el año pasado, en medio de otro paro docente, Daniel Scioli citó como ejemplo el caso de Ecuador, cuya Constitución prohíbe expresamente las huelgas en los sectores de Salud, Educación, Seguridad, Energía, Transporte y Distribución de Combustibles. La carta magna ecuatoriana considera, además, a la educación como “un derecho de las personas” y al mismo tiempo un deber ineludible e inexcusable del Estado.
En nuestro país, decenas de proyectos en este sentido naufragaron debido a la resistencia de los gremios y el acompañamiento del peronismo a esa negativa.
Mariotto planteó la propuesta de “reformar la Constitución, por fuera de toda especulación de otro orden” y dijo que “junto con integrantes del Senado vamos a aportar propuestas para que se encaucen las negociaciones en otro carril”.
Sostuvo que “hay experiencias internacionales que nos van a servir de apoyo para reflexionar, sin llegar a esta situación de tensión que nos encuentra todos los febrero y marzo con los chicos fuera del aula”. Además, destacó la “concepción del servicio público de la educación” y subrayó “la posibilidad de reclamar de otra forma, que no sea ésta que es tan intempestiva y que daña tanto la vida social”. “Ecuador hizo una reforma constitucional y estableció el concepto del dictado de clases, y allí la forma del reclamo pasa a ser otra, la discusión es honesta y lógica, pero hay que darla con los chicos en el aula”, dijo.
Aclaró que la propuesta debe ser debatida con los docentes, y que “hay que buscar salir de esta coyuntura que nadie desea, porque ningún dirigente gremial quiere que los chicos estén sin clases”.
En lo que respecta al conflicto bonaerense, el Frente Gremial -SUTEBA, FEB, SADOP, UDA y AMET- y UDOCBA mantuvieron el miércoles el no acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por Scioli, tras el rechazo de la suba del 30,9 por ciento en dos tramos, que lleva a agosto el salario de bolsillo del maestro de grado a $ 4.717,50. Por eso, no se produjo una convocatoria a una audiencia de conciliación, frente a reclamos de más del 35 por ciento. Frente a este escenario, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió que los reclamos sean “racionales” y no “a costa de los alumnos”.
Pero, pese a las huelgas, el Ejecutivo generará un nuevo llamado a los sindicatos, dada la gravedad del conflicto.
No obstante, por desoír la conciliación los gremios serán denunciados ante el Ministerio de Trabajo nacional, mientras que la liquidación de sueldos -que arranca cerca del 20- quedará diezmada por los descuentos de los días de paro. El miércoles, inspectores laborales recorrieron las escuelas para relevar las ausencias.
“El 30,9 por ciento del Gobierno es una cifra mentirosa”, dijo Mirta Petrocini (FEB), y remarcó que sólo el 20 por ciento de los docentes (maestros de grado) recibirá esa suba y el resto, una de entre el 21 y el 24. Hoy la FEB discutirá próximas acciones, mientras que SUTEBA se movilizará desde el Congreso a la porteña Casa de la Provincia. En cambio, los estatales UPCN y Fegeppba receptaron una oferta para discutirla, aunque recibió el no de ATE.
En paralelo, Nación mantendrá una audiencia de conciliación este jueves en Trabajo con los 5 gremios, en pos de consensuar la suba del salario mínimo. El miércoles, los cegetistas UDA, SADOP, AMET y CEA dijeron que esperan “una respuesta a los puntos presentados el 7 de marzo”.
