La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 por ciento, mientras que el de Iecsa justito recibió un incremento del 120 por ciento y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 por ciento. Todos los datos contradicen lo que el presidente Macri viene diciendo: que las obras que hace Cambiemos son un 40 por ciento más baratas que las del kirchnerismo. La denuncia realizada por Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, demuestra todo lo contrario, de manera brutal, y no solo en esa obra.

El Sindicato de Vialidad presentó el escrito en la justicia federal y el sorteo determinó, justito, que la causa recayera en el juez Julián Ercolini, el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por la obra vial de Santa Cruz. El magistrado ha jugado siempre –como gran parte de Comodoro Py–, del lado de Cambiemos, pero precisamente elevó la causa a juicio considerando a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita porque en la provincia de Santa Cruz se permitieron readecuaciones de precios y prórrogas en las obras. Con la misma lógica debería imputar a Mauricio Macri, algo que sería delirante como es delirante la acusación contra CFK por las rutas de Santa Cruz que ni licitó ni adjudicó ni controló.

El otro elemento impactante es que la denuncia de los trabajadores de Vialidad va contra Javier Iguacel, que fue quien denunció a CFK y todas las autoridades anteriores de Vialidad por supuestos incrementos en la obra vial de Santa Cruz que son aumentos muy inferiores a los que Iguacel firmó en el tramo Pilar-Pergamino.

La maniobra original de Iguacel, al principio del gobierno de Macri, fue grotesca. Asumió como titular de Vialidad el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, en su resolución número 1, ordenó una auditoría de las obras viales. Pero no dispuso que fuera a todas las obras viales del país sino a un único distrito: Santa Cruz. O sea, sólo le importó acusar al kirchnerismo.

Pero, además, la auditoría realizada por dos ingenieros y un contador, los tres designados por Vialidad – Justo Romero, Ramón Martínez Oría y el contador Marcelo Bianchi– estableció que sólo había un mínimo desface entre la obra realizada y la obra cobrada: 0,1 por ciento. Pese a eso, Iguacel de todas maneras hizo la denuncia penal y Comodoro Py se ocupó de magnificarla.

Cambios

El tramo II B de la ruta Pilar–Pergamino, el adjudicado a Iecsa, va de Arroyo de Giles al puente sobre Arroyo Gómez. Los contratos se firmaron en junio de 2015 y la adjudicación fue por 285 millones de pesos, cuando el presupuesto era de 315 millones. O sea que hubo un 15 por ciento de descuento. Los trabajos debían estar terminados en junio de 2017.

“Sin razón que lo justifique –señala la denuncia de los trabajadores de Vialidad–, el equipo de Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”. Desde el punto de vista jurídico, la alteración del proyecto original debía implicar un nuevo llamado a licitación, ya que se cambió la obra y se violaba el principio de igualdad al no darle chances a las empresas que se habían presentado. Los técnicos de Vialidad –cuenta Aleña– desaconsejaron esas decisiones, pero todo siguió adelante. La ley dice que cuando se alteran los términos de una licitación en un 80 por ciento corresponde hacer una nueva licitación. Aquí el incremento que se otorgó fue del 120 por ciento.

Aumentos

El argumento fue curioso: que el nuevo trazado iba a implicar una reducción de costos y una obra más eficiente. Sin embargo, a valores de origen se le autorizó a Iecsa un aumento del presupuesto de los 285 millones del principio a 628 millones a valores de 2015. Si se tienen en cuenta las actualizaciones, “resulta un precio actual y vigente de 2.001 millones de pesos”. Según le indicó Aleña a este diario, al día de hoy, el Estado pagará por la obra 2.500 millones de pesos, 877 por ciento más que el original.

El sindicato de Vialidad transcribe en su denuncia la resolución de Iguacel. “Modificación de la traza del proyecto en cuestión, la cual se retira del valle de inundación del Rio Areco alejándose de la Ruta Nacional N°8 actual en dirección noroeste antes de interceptar el Arroyo El Zorro, por terrenos de mayor cota. Ello evita la construcción de un puente sobre este arroyo, así como otros en los arroyos Laguna y Vagues y sus respectivos aliviadores. Asimismo, presenta una menor longitud, de aproximadamente 800 metros, lo que ofrece un trazado hidráulicamente más conveniente y de menor recorrido.”

O sea, menos recorrido, menos puentes, e inexplicablemente mayor valor, dicen los técnicos de Vialidad. El único cambio que encareció fue la sustitución por otro asfalto, pero de acuerdo a los técnicos de Vialidad ese cambio no debía significar un aumento superior al 10 por ciento, lejos del 120 por ciento que se autorizó.

En la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos, evaluación hecha por la Oficina de Costos. Es, de hecho, una denuncia de sobreprecios y lo contrario de lo que dice el Presidente: la obra no sale un 40 por ciento menos que durante el kirchnerismo, sino casi un 40 por ciento más.

Vecinos

Otro dato que llama la atención es lo sucedido con los otros tramos licitados por el kirchnerismo en la ruta 8. Hay tres tramos en los que se permitió una readecuación, aprobada por Iguacel. En el tramo I B, ganado por la empresa Chediak, que encabeza Juan Chediak, se permitió un aumento del 35 por ciento. En el tramo III, ganado por Vialmani, propiedad de empresarios entrerrianos, se autorizó un aumento del 45 por ciento.

El tramo II B, el adjudicado a Iecsa, consiguió en cambio un 120 por ciento de aumento. Se trata de tres tramos contiguos.

Los trabajadores de Vialidad también mencionan que en la licitación original, Iecsa ofertó un descuento del 15 por ciento, lo que redujo el valor de 315 millones a 285 millones. La lógica indica que ese descuento también debía regir para el rediseño. Implican 80 millones de pesos menos que el Estado debía pagar. Iguacel pasó por encima de eso, beneficiando a la empresa.

Demoras

Una de las acusaciones mayores contra el gobierno anterior es que no se cumplían los plazos de las obras. En el contrato se establecía que el tramo debía estar terminado en junio de 2017. Como es obvio –y tiene cierta lógica– con el rediseño se le permitió una prórroga en los tiempos de la obra. El nuevo plazo es en abril de 2019.

Parece cantado que no se cumplirá tampoco esa fecha, pero queda claro que las obras del macrismo no sólo no salen un 40 por ciento menos sino que tardan, sea la razón que sea, el doble de lo estipulado. Estaban previstos dos años hasta junio de 2017 y serán 4 años hasta mediados de 2019.(Kuny Kolman)

Fuente:El Faro