El alcalde del municipio caraqueño Distrito Libertador, el chavista Jorge Rodríguez, reveló en la red Twitter que el trabajador de la corporación de servicios Francisco Rosendo Marín fue «asesinado por terroristas» en la urbanización Montalbán, en el oeste de Caracas, cuando despejaba una barricada.
«Francisco cumplía con su trabajo de mantener la paz cuando fue emboscado por las bestias. Los encontraremos aunque se escondan bajo las piedras», afirmó Rodríguez en un mensaje que consignó la estatal agencia AVN.
En la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en tanto, las autoridades confirmaron la muerte del estudiante Anthony Rojas tras recibir un disparo presuntamente por parte de grupos armados que intentaban dispersar una protesta.
Rojas, de 18 años, se encontraba anoche cerca de una barricada con un grupo de amigos cuando, según cita la agencia EFE, grupos armados en moto abrieron fuego y le dispararon causándole la muerte, dijo el alcalde de San Cristóbal, el opositor Daniel Ceballos.
Desde que el 12 de febrero una marcha en Caracas terminó en incidentes que dejaron tres muertos, Venezuela fue escenario de manifestaciones diarias. Hasta ahora las protestas habían dejado 29 víctimas fatales y con estos dos nuevos casos son 31, además de unos 300 heridos.
La ministra de Defensa, Carmen Meléndez, aportó detalles de estas víctimas, al informar que desde el 12 de febrero fueron 4 los efectivos de la Guardia Nacional que murieron y 79 los heridos con «objetos contundentes» y armas de fuego.
La ministra señaló que aún hay presencia de focos violentos en el estado Carabobo y denunció un ataque en Táchira a una unidad de transporte e instalaciones de la Fuerza Armada, pero remarcó que las autoridades «poco a poco» están «rescatando zonas de paz».
«Mientras nosotros estamos trabajando por la paz, todavía existen grupos violentos incendiando el país. Ellos siguen con la violencia, pero poco a poco estamos rescatando territorios de paz», subrayó Meléndez.
Los números fueron el telón de fondo de la renovada expectativa por la próxima visita de una comisión de cancilleres de países de la Unasur, que podría llegar a Caracas antes de fin de mes.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dio por hecho que «antes de que termine marzo» estará en Venezuela la misión que puede ser «muy útil» para «contribuir al diálogo» en el país.
«Creo que todos los países de Sudamérica reconocemos la importancia y la necesidad de la oposición, la importancia del debate político, de la utilización de los instrumentos democráticos e institucionales para esclarecer las diferencias, pero democráticamente, no a través del uso de la violencia, no a través del rompimiento del estado de derecho», señaló Patiño.
El diplomático avisó que los cancilleres deberán «seguir, por supuesto, los lineamientos del Gobierno de Venezuela, porque no se puede ir allá a hacer lo que nos da la gana, a meternos en cualquier sitio a conversar con quién sea».
También el presidente Nicolás Maduro confirmó la llegada, la próxima semana, de los cancilleres de la Unasur.
La resolución aprobada el 12 de este mes por el bloque sudamericano contempla en primer lugar el respaldo del proceso iniciado por el gobierno de Venezuela para propiciar el diálogo con todas las «fuerzas políticas y sectores sociales, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social».
La Unasur formalizó hoy la puesta en vigencia de la llamada cláusula democrática, por la que se excluirá automáticamente del bloque al país en el que haya ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional, una medida que parece a la medida del contexto venezolano, aunque fue firmada en el 2010.
El ecuatoriano Patiño puso la cuestión en palabras, al destacar que la medida es «importante» en momentos en que «Venezuela vive una situación difícil, por el intento de algunos grupos violentistas, de derrocar al gobierno legítimo» de Maduro.
También desde Bolivia Maduro recibió respaldo, en este caso del presidente Evo Morales, que acusó a Estados Unidos de buscar una intervención militar en Venezuela para apropiarse de sus reservas petroleras.
«El objetivo, después de la intervención militar, es que el Gobierno de Estados Unidos sea dueño, como antes de la revolución bolivariana de Venezuela, del petróleo venezolano», dijo Morales.
Parte de estas posturas se verán, seguramente, el viernes, en la sesión de la OEA en la que se analizará la situación de Venezuela, con la presencia de la diputada opositora María Corina Machado en el asiento de Panamá.
Machado, acusada de organizar las protestas y cuestionada por el parlamento, había rechazado ayer usar la plaza panameña, pero hoy cambió de opinión para «atender la valiente y solidaria oportunidad que nos brinda a los venezolanos el gobierno de Panamá», según explicó.
Además de la situación de la legisladora, la polémica en la Asamblea Nacional también está vinculada con la conformación de una Comisión de la Verdad, que investigará las muertes en las protestas, y que la oposición se negó a integrar.
Para el titular de la AN, Diosdado Cabello, la bancada de la opositora MUD se negó a formar parte de la Comisión porque sus integrantes «son cómplices y autores de la violencia».
La instancia está conformada por nueve diputados, de los cuales cuatro debían ser de oposición y cinco oficialistas. El chavismo eligió al mismo Cabello, y a Robert Serra, Elvis Amoroso, Earle Herrera y Tania Díaz.