Ayer dieron a conocer el veredicto condenatorio a siete años de prisión contra dos jóvenes imputados en un hecho de violación que tuvo lugar en enero del año pasado, cuando una adolescente de 16 años de nuestra ciudad fue abusada por un grupo de cinco jóvenes (por entonces dos menores de 17 años y tres mayores -dos de 18 años y el restante de 19) en una vivienda del barrio José Hernández.
Los condenados ayer son los que al momento de los hechos juzgados eran menores de edad. En cuanto a los tres mayores, también se encuentran bajo arresto pero todavía no hay fecha del debate.
La causa comenzó en febrero pasado y fue investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 a cargo de Pablo Daniel Aguilar, que dispuso la privación de la libertad de todos los acusados (con arresto domiciliario con pulsera electrónica).
El Tribunal, integrado por las doctoras Gladys Hamue (titular del Juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Pergamino), Claudia Dana (titular del de Junín) y Ana Cecilia Bajlec (subrogante del de Trenque Lauquen), los halló coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas (artículos 45 y 119 párrafo 4 inciso d del Código Penal.
La sanción penal es de siete años de efectivo cumplimiento y se revocó la modalidad morigeradora de cumplimiento de arresto domiciliario que tenían hasta el momento y se decidió el inmediato traslado de ambos al Centro de Contención de Dolores.
Según se informó, atento al artículo 4 de la Ley Nº 22.278, se aplicó la escala de la tentativa, siendo la mitad del mínimo y el tercio del máximo.
Al momento de analizar la calificación legal, el Tribunal tuvo un especial enfoque o “perspectiva de género” a tenerse en cuenta ante actos de violencia contra la mujer cometidos por hombres y que se hayan impuesto como criterios normativos expresamente desde la sanción de la Ley Nº 24.362.
La Fiscalía a cargo del doctor Aguilar entendió probado el hecho y solicitó un veredicto condenatorio y la pena privativa de la libertad de 16 años (en los menores corresponde la escala de la tentativa en virtud del artículo cuatro de la Ley Nº 22.278), solicitando 8 años de prisión y además la revocación del arresto domiciliario.

Los hechos
La víctima pensó que disfrutaría de una fiesta de cumpleaños con sus amigas como comúnmente lo hacía. Pero la realidad resultó ser otra. El jueves 11 de enero de 2018, luego de concurrir a un festejo realizado en una quinta ubicada en calle Las Calandrias, fue conducida en un vehículo junto a varios jóvenes a un domicilio del barrio José Hernández donde, aprovechando su estado de vulnerabilidad y la superioridad numérica, fue abusada sexualmente por cinco jóvenes, dos menores y tres mayores. La víctima, en todo momento intentó detener el accionar de estos sujetos, no logrando su cometido. Además de ser abusada fue filmada.
Posteriormente, la adolescente fue llevada en automóvil hasta la vivienda donde se encontraban sus amigas. Al llegar, estaba descalza, con el pelo mojado y no tenía su teléfono celular, ni sus sandalias, elementos que llevaba consigo al momento de ir a la fiesta. Asimismo, la joven presentaba varios moretones en las rodillas, en las piernas, en la cola y en el pecho, además de marcas de dedos en los brazos y un rasguño en el pecho.
Transcurrido un mes del hecho, la joven -demostrando una enorme valentía- efectuó la denuncia. Cumplido el trámite, tomó a cargo el caso la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 presidida por Pablo Daniel Aguilar, quien acompañado por su secretaria Florencia Leta y el instructor judicial Guido de Mayo trabajaron sigilosa y arduamente desde ese primer día.
Luego de recibir varias testimoniales se requirió al juez de Garantías una serie de allanamientos y detenciones en dos domicilios. Por expresa disposición del fiscal general Mario Daniel Gómez, la oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal (Asic) del Ministerio Público Fiscal departamental a cargo del doctor José María Cifuentes, prestó colaboración con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 y convocó al Cuerpo de Investigaciones Judicial (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Enrique del Carril que, con su equipo de trabajo de última generación, prestó colaboración en los allanamientos y se logró resguardar información de los celulares y computadoras secuestrados (principalmente mensajes y videos) que resultaron ser material probatorio muy importante para la investigación. Tanto que a tan solo tres días de recibida la denuncia ya se encontraban privados de la libertad tres de los imputados (dos menores y un mayor). Luego de efectuadas las pericias correspondientes del material secuestrado por parte del Laboratorio de Informática Forense del CIJ -a cargo de la licenciada Alejandra García- y continuar con la recepción de declaraciones testimoniales (más de 30), la Justicia logró la detención de los dos jóvenes mayores de edad restantes.

Fuente: La Opinion