Las ejecuciones volverán a aplicarse en diciembre y ya se sabe quién será el primer condenado en sufrirla.
En un nuevo gesto reaccionario, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que desde diciembre vuelven a aplicar las ejecuciones para condenados por delitos federales. Con su reactivación se interrumpe un paréntesis de 16 años.
De este modo, la próxima ejecución será con una inyección de pentobarbital y está fijada para el 9 de diciembre en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.
El fiscal general, William Barr, justificó la medida bajo el argumento de dar «justicia a las víctimas de los crímenes más horribles». El funcionario difundió la decisión al buró de prisiones y pidió a su titular, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos condenados por asesinato, también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal ocurrió en 2003 y hoy en día hay 62 condenados por el Gobierno, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés).
«Bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo», dijo Barr en una declaración pública.
En la otra punta, el gobernador de California, Gavin Newson, rechazó el anuncio: «El gobierno de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita y al gobierno de (Vladimir) Putin en la ejecución de sus ciudadanos».
«El asesinato intencional de otra persona está mal y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso», advirtió y recordó que «la pena de muerte ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales y a afroamericanos que no pueden pagar una representación legal costosa».
La suma de rechazos a la pena capital movió con el tiempo a 21 de los 50 estados del país a ordenar su abolición, en último de ellos New Hampshire. Desde 1973, un total de 166 presos condenados a la pena capital en todo el país, incluidos cinco en California, fueron liberados del castigo después de que se comprobaran errores en los juicios.