Con la espera de la resolución, que debe definir si mantiene o revierte la prisión preventiva, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) avanzó con la inspección de los domicilios de los detenidos para evaluar condiciones de un eventual régimen de prisión domiciliaria.
Fue el abogado defensor, Hugo Tomei, quien había solicitado el beneficio en primera instancia, pero fue rechazado por el juez David Mancinelli, quien con las pruebas que obtuvieron en la investigación no solo decidió dejar a ocho de los diez acusados en la cárcel, sino que también le sumo el agravante de “alevosía”.
Mientras que el personal del SPB recorrió las casas de los acusados, verificaron si en cada uno de ellos existen líneas telefónicas que puedan ser vinculadas a equipos para poder ser monitoreados.
Paralelamente avanza otro informe, también solicitado por el juez Mancinelli, relacionado con las condiciones socio-ambientales en las que el detenido cumpliría la prisión domiciliaria. Este se trata de conocer con quiénes viviría y si en ese contexto se abre algún margen de riesgo que impida aplicar esa modalidad.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Dolores, integrada por Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, tiene 20 días para resolver el recurso presentado por el abogado defensor contra las prisiones preventivas dispuestas por Mancinelli.
La causa sigue a la espera de esta definición crucial ya que determinaría en qué condiciones continuarán estos ocho detenidos.
