La reunión del mediodía en la cárcel de Devoto tendrá un objetivo central: acelerar los trámites burocráticos y médicos para que los jueces de Ejecución Penal puedan resolverla situación de los presos que reúnen las condiciones establecidas por la Cámara de Casación. Esas condiciones son estar en edad de riesgo, tener más de 60 o 65 años o enfermedades también riesgosas como tuberculosis, HIV o distintos tipos de hepatitis; mujeres con niños pequeños o embarazadas. Y de todos ellos, sólo entran en consideración los que no hayan cometido delitos violentos. 

Es decir, del total de detenidos en el servicio penitenciario ni siquiera entran en consideración los 781 presos federales que están imputados o condenados por homicidios; los 629 presos por violación ni la mayor parte de los 4.229 imputados por robo, dado que hubo violencia o uso de armas.

Pero, producto de la política desarrollada por Cambiemos, en la cárcel hay condenados a penas bajas no por narcotráfico, sino por delitos relacionados con narcomenudeo e incluso consumo de drogas, que suman un total de 5.358. Buena parte de ellos ya cursa el final de sus condenas con salidas transitorias. A estos se agregan cifras mucho menores de detenidos por delitos culposos o peleas.

En la reunión del mediodía, seguramente en la capilla de Devoto estará el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, un representante de la procuración penitenciaria, tal vez los dos jueces de Casación que ya estuvieron en la reunión del viernes, Gustavo Hornos y Daniel Morín, y está la promesa de que se hagan presentes dos magistrados de Ejecución Penal, que son los que conocen todas las trabas y demoras que tienen los estudios médicos y socio–ambientales, imprescindibles para cualquier toma de decisiones.

Del otro lado de la mesa se sentarán unos 25 representantes de los pabellones, la abogada Claudia Cesaroni y la titular del Asociación de Familiares de Detenidos, Andrea Casamento. Están invitadas y prometieron asistencia algunas de las agrupaciones de víctimas de delitos.

La expectativa mayor es que exista un compromiso para que se aceleren los trámites que suelen tardar semanas y semanas. El apuro tiene que ver con la situación que crea la covid-19, con dos casos positivos confirmados entre los presos de Devoto y al menos uno entre los penitenciarios. Esa cuestión llevará buena parte de la negociación, porque en Devoto deben extremarse las medidas de seguridad en materia de salud.

La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen alertando sobre una «tragedia» inminente en las cárceles. Son pocos los que parecen entender que si el virus entra en los penales habrá cientos de contagiados dado que no hay distanciamiento posible en una cárcel. La consecuencia directa será que esos presos, que requerirán internación y respiradores, ocuparán el espacio tan vital y tan escaso en el sistema de salud.

La política argentina dictada por el presidente Alberto Fernández, las medidas de cuarentena e incluso las anteriores a la cuarentena, han permitido que no exista una saturación pero en países muchísimo más desarrollados han tenido que decidir a quién le dan un respirador –algo que sucede ya en Brasil– y es obvio que si hay pandemia en las cárceles una parte de los respiradores estarán ocupados por los que provienen de los penales. De eso se trata, justamente, el alerta de los organismos internacionales y la decisión en la casi totalidad de los países de enviar presos a que cumplan el último período de la condena en sus casas.

Fuente: Pagina 12

Nota relacionada:

Entrevista a Maximiliano Jorge Brajer, Director en Centro de Estudios sobre Anticorrupción de la UNNOBA. Magíster en Derecho Penal. Doctorando en Derecho.