Además, un ex policía recibió una pena a tres años de prisión y otro ex militar resultó absuelto. Así finalizó el juicio denominado Saint Amant III, que abordó privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios calificados y delitos sexuales contra víctimas de San Nicolás y la región.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a tres integrantes de Área Militar 132 y a tres años de prisión a un ex efectivo policial, en el juicio denominado “Saint Amant III”, por crímenes de lesa humanidad. De esta manera, el tribunal coincidió de forma parcial con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, compuesta por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.
El juicio, que comenzó el 11 de junio del 2019, juzgó crímenes cometidos contra 50 perseguidos políticos entre 1976 y 1977, en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Los delitos por los cuales fueron condenados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Subzona 13 y dentro de la Zona Militar I, en los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.
El tribunal impuso la pena de prisión perpetua para el ex oficial jefe de Logística y Personal del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás -cabeza del Área 132- , Guillermo Aníbal Piccione; el entonces mayor Omar Andrada y el ex oficial jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossie.
Los tres ex militares fueron responsabilizados por privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos agravados, homicidios calificados, entre otros delitos, según cada caso. Seis de los hechos juzgados y acreditados ocurrieron antes del golpe de Estado. Piccione además fue condenado como autor mediato del delito de violación de la que resultó víctima una de las militantes privada de su libertad y torturada en los CCD del Área 132.
Por otro lado, el ex oficial inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alberto Rodríguez, recibió una pena de tres años de prisión inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena como partícipe necesario del delito de privación ilegitima de la libertad en un hecho, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica.
El ex capitán del Ejército Bernardo Luis Landa resultó absuelto “por el beneficio de la duda” de la acusación como autor de cuatro privaciones ilegítimas de la libertad, cuatro tormentos agravados y un homicidio triplemente calificado.
En tramos anteriores de la investigación fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del área militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, quien recibió prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El represor falleció en 2016.
Las víctimas
Durante la exposición del alegato el 5 de octubre pasado, el Ministerio Público Fiscal precisó que los perseguidos políticos fueron secuestrados en sus domicilios en las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero, Campana y Villa Constitución, y que luego fueron trasladados a centros clandestinos de detención que funcionaban bajo la orbita del Área Militar 132, en la ciudad de San Nicolás. Allí fueron sometidos a tormentos.
Los centros clandestinos de detención por los cuales pasaron las víctimas fueron la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Primera, la Delegación local de la Policía Federal, la Unidad Penal N° 3 y el Batallón de Ingenieros de Combate 101.
Todas las víctimas eran referentes políticos o militantes sociales o sindicales, incluso letrados y magistrados del fuero penal. Entre los distintos perseguidos políticos se encuentran los casos de Omar Lalli, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza; Alejandro Giménez, representante del Sindicato de Canillitas; el ingeniero Alberto Kipen, miembro de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA); el jefe comunal de San Nicolás, Pedro Marchi; el legislador Alfredo Gamarra; y el juez penal del Departamento Judicial San Nicolás, Manuel Gil Morales.
También fueron víctimas los sobrinos del ex vicepresidente de la Nación Vicente Solano Lima, Jorge Guillermo y Hugo Pascual Lima, y el abogado miembro de su estudio jurídico, Norberto Gil. Cuatros de las víctimas fueron asesinadas y hasta el momento no han aparecido sus cuerpos. Ellos son Julio Raúl Peris, Alicia Gladys Noemí Fuhr de Sánchez, Ricardo Miguel Biegkler y Eduardo Sergio Korsunsky.-Fuente: elciudadanoweb.com-