La importancia de los medios de comunicación y su rol de informar a la opinión pública se han puesto de manifiesto en las últimas horas, donde una nota periodística ha desencadenado una serie de presentaciones públicas oficiales; que de otra manera no se hubieran realizado.
La crónica periodística sobre un sumario administrativo a un abogado del Juzgado de Faltas municipal provocó el reconocimiento de los hechos por parte del gobierno local y la consecuente denuncia penal; tal como debería haber ocurrido desde un principio.
El miércoles, finalmente, judicializaron las actuaciones administrativas. Es lo que correspondía de un principio porque había un estado de sospecha sobre la comisión de un delito penal. Si o si, independientemente del resultado de las actuaciones sumariante se tenía que realizar la denuncia judicial. Todas las denuncias en la Fiscalía se realizan para que se determine con una investigación la comisión o no de un delito de acción pública.
¿Qué pasaba si una nota periodística no daba a conocer esta situación? Da para pensar que no se hubiera dado a conocer a la opinión pública ni tampoco se hubiera denunciado ante la Justicia. Así como pasaron veinte días sin darlo a conocer podrían haber pasado meses y años.
Lo cierto es que desde la secretaria legal y técnica, el abogado de la Municipalidad, Luis Cantore, elevó las actuaciones a la Fiscalía. A las 10:30 del miércoles 23 de julio está sellado el ingreso en el Ministerio Público Fiscal, donde se enteraron de la situación el martes anterior.
La investigación de la causa judicial la encabeza el fiscal Pablo Santamarina, titular de la UFI Nº 8, quien debe interiorizarse de las actuaciones y convocar a testigos; tomar una declaración indagatoria al principal sospechoso y si hay pruebas dictaminar su procesamiento. Además les debe competer una responsabilidad penal a quienes han corrompido al abogado del juzgado de Faltas.
Al sospechoso le atribuyen que habría cobrado coimas a cambio de emitir certificados de libre deuda de multas municipales a automotores y personas que tenían compromisos sin cancelar.
Dicho certificado es uno de los requisitos, por ejemplo, para obtener la renovación de la licencia de conducir, y también para poder transferir un vehículo.
Según trascendió, el empleado en cuestión tendría acceso al sistema informático como para poder hacer la maniobra y, naturalmente, contaba con la complicidad de los ciudadanos deudores que aceptaban la irregular operatoria.
Trascendidos indican que una filmación con cámara oculta habría desencadenado el descubrimiento de la situación.
No estaría establecido ni el lapso en que se habría desarrollado esta maniobra ni estaría estimada la suma de dinero que habría dejado de percibir el Municipio.
Fuente:El Tiempo