Un intendente bonaerense propuso declarar “persona non grata” a los diputados que voten a favor de la Ley Ómnibus y del DNU

El intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, firmó en las últimas horas un polémico decreto con el que deja en claro su rechazo a la llamada Ley Ómnibus y al Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía que impulsa el Gobierno nacional.

El jefe comunal, de origen peronista y militante kirchnerista, apuntó directamente a los diputados y senadores que den sus votos en el Congreso a esas iniciativas, y pidió declararlos personas no gratas en ese municipio. Lo hizo a través de un decreto que debe ser refrendado por el Consejo Deliberante del municipio.

El intendente dio a conocer su iniciativa a través de su cuenta de la red social X, en el que además de publicar la iniciativa, añadió un video de casi tres minutos en el que explica por qué tomó esa decisión.

“Declarar persona non grata para la ciudad de Pehuajó de todos aquellos legisladores que acompañen la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023″, señala el artículo 1 del decreto.

Entre los considerandos, la iniciativa advierte que tanto la Ley Ómnibus como el DNU “provocarán una recesión que implicará caída en las ventas de los comercios y despidos”. Entre otras cosas, detalla que “el aumento de alquileres erosiona los ingresos de las familias; que el aumento de medicamentos y prepagas hacen que la Salud deje de ser de acceso universal”; y que “una apertura indiscriminada de importaciones, tal como se prevé en las Leyes que impulsa el presidente Milei, perjudicará notablemente a Industrias, Pymes y Comercios”.

Asimismo, agrega que “las economías regionales deben protegerse y no exponerlas a los vaivenes de la economía global” y que “también se verán afectados los pequeños y medianos productores agropecuarios por varias de las iniciativas que el actual gobierno nacional quiere implementar”. Además, advierte que “hay un ataque sistematizado a sindicatos y preocupa la pretensión manifiesta de intentar eliminar el derecho a huelga” y afirma que eso sólo puede llevarse adelante con miles de trabajadores despedidos”.

Pablo Zurro junto a Cristina Kirchner, en una foto de 2022.

En el video, Zurro afirmó que “después de los 12 años gloriosos que vivió nuestro país con Néstor y Cristina, en 2018 empezó una decadencia brutal producto de la deuda externa contraída por el señor (Mauricio) Macri y por el señor (Luis) Caputo”.

Tras asegurar que “el Gobierno de Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias”, el intendente habla de un “ajuste brutal con una entrega de la Patria brutal”, y apunta a la deuda que el propio Caputo tomó en 2018 cuando era funcionario del Gobierno de Macri.

Tras ese análisis, el jefe comunal de Pehuajó apuntó directamente a los diputados tucumanos y al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes la semana pasada anunciaron el apoyo a la Ley Ómnibus, antes de que el Ejecutivo quitara el paquete fiscal de la iniciativa. Esa decisión implicó que los legisladores dejaran el bloque de Unión por la Patria.

“La casta de Milei ha intervenido en nuestros diputados en forma de casta, por ejemplo los tucumanos y el gobernador tucumano Jaldo, que cree que tiene una republiqueta que nos está perjudicando a todos”, cuestionó Zurro.

Zurro también pidió que todos los intendentes tomen la misma decisión porque “se van a ver perjudicados” por las iniciativas, si se aprueban.

“Una cosa es que hayan ganado, que ganaron, y otra cosa es que los quieran hacer cogobernar a todos, con distintas maneras. Con amenazas, con injurias, con calumnias, y otras maneras que no quiero ser judicializados, pero que ustedes se las imaginan”, añadió.

“Les pido que miren el decreto y los considerandos. Nadie que sea nacional y popular puede entregar la Patria como la quiere entregar este Gobierno”, concluyó Zurro.

Tras quitar la parte fiscal de la iniciativa, el Gobierno busca los votos que le garanticen conseguir la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley “Bases” en la sesión que está convocada para mañana miércoles desde las 10.

La semana pasada, Milei y sus principales voceros juraron que el gobierno ya no estaba dispuesto a consensuar más cambios al complejísimo proyecto de ley de bases ideado por Federico Sturzenegger, y que, de no aprobarse, todo el peso del ajuste recaería sobre las provincias. Como el texto encontró una resistencia feroz de gobernadores y los bloques representados en el Congreso en el capítulo fiscal -retenciones, jubilaciones y blanqueo, entre otros rubros-, a última hora del viernes el ministro Luis “Toto” Caputo anunció de manera sorpresiva que el gobierno retiraba ese paquete del proyecto, el corazón de la iniciativa, para apurar el trámite legislativo. No tenían los votos. Después de esa decisión, el presidente volvió a tildar de “coimeros” a los legisladores.

Anoche todavía se discutían las privatizaciones de las empresas públicas -contempladas en el texto-, la delegación de facultades -la Casa Rosada ya había cedido cuatro de ellas, de 11 a 7-, la restitución de Ganancias -enviada por el Ejecutivo en otro proyecto de ley, ahora en stand-by– y la coparticipación del Impuesto PAIS que, solo en enero, recaudaría, según estimaciones oficiales, unos $510.000 millones. Antes de irse, el massismo prolongó el tributo a través de una disposición.

Según se ventiló una vez finalizada la reunión del CFI, el gobierno había dado el visto bueno a coparticipar ese impuesto. Pero pasadas las 22, la Oficina del Presidente, es decir la voz oficial del gobierno, confirmó que “el Impuesto País y el resto del paquete fiscal se discutirá más adelante”.

Con Francos otra vez desautorizado, Milei incluso reposteó un mensaje en las redes de Joaquín de la Torre, legislador provincial, que se refirió como “bloque extorsión” al grupo de diputados en torno a la bancada pichettista. El jefe de Estado tiene especial encono con dos de ellos: Emilio Monzó y Nicolás Massot.