La Justicia Federal frenó los aumentos del gas en todo el país
La Cámara Federal de La Plata declaró este jueves «nulas» las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dispusieron un aumento en la tarifa del servicio de gas, poniendo freno al tarifazo en todo el país.
La resolución responde a un recurso presentado por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones ministeriales Nº28 y Nº31.
«Declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas», indica la resolución de la Cámara.
Distintas decisiones judiciales emitidas en los últimos dos meses ya habían suspendido los aumentos de gas en Jujuy, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Salta, San Luis y el norte de Mendoza. Asimismo, en Chubut un tribunal de Rawson declaró en mayo inconstitucional el aumento del gas.
También en mayo, un fallo había frenado la aplicación del aumento en la localidad rionegrina de Bariloche y medidas similares se dictaron en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De este modo, se estima que las empresas que prestan el servicio deberán acreditar en las próximas facturas los aumentos que hayan cobrado como pago a cuenta hasta de los futuros consumos y volver al tarifario anterior, excepto que la Corte Suprema de Justicia tome cartas en el asuntos, y en lugar de derogar las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren, ordene limitar los aumentos del servicio de gas.
Juan José Aranguren: “Daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias”
Al respecto, en una repentina conferencia de prensa el ministro destacó «estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados».