Es el único de los seis imputados en la causa que todavía no pudo ser ubicado. El lunes, funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense detuvieron a los otros cinco policías que la tarde del 2 de marzo pasado se encontraban en el edificio ubicado en Dorrego 654 de Pergamino.

Según confirmaron fuentes judiciales , el fiscal de la UFI N° 3, Nelson Mastorchio, los imputó por “abandono de persona agravado por muerte y multiplicidad de víctimas”. Un delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años.

Se trata del sargento César Brian Carrizo, el teniente primero Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Giulietti, y la ayudante de guardia Carolina Denise Guevara. A todos les secuestraron los celulares.

No obstante, cuando la brigada de Asuntos Internos fue a allanar la casa de Donza, en Junín, no pudieron ubicarlo. Eso llamó la atención de los investigadores, ya que la semana pasada el comisario, a través de su abogado, presentó un escrito en el que se ponía “a disposición de la Justicia”.

Para entonces, el fiscal Mastorchio ya había requerido su detención, que el juzgado de Garantías N° 1 a cargo de César Solazzi resolvió el domingo. Quienes siguen de cerca el expediente creen que Donza “ya se veía venir” la orden de arresto y por eso hizo llegar el documento en vez de presentarse por su cuenta. Ahora, está considerado prófugo y ya se libró una orden de captura en su contra.

Sobre la tarde trágica en la que murieron los siete presos, alojados en el sector 1 de calabozos, la principal hipótesis es que los policías “no hicieron lo que tenían que hacer” y hasta “obstaculizaron” el rescate.

Según la reconstrucción oficial de los hechos, todo comenzó con una pelea entre dos reclusos en un patio y, como castigo, los agentes los encerraron a todos en sus celdas. Luego, un grupo alojado en el sector 1 comenzó una protesta e incendió colchones hacia el pasillo. Cuando los bomberos llegaron se encontraron con puertas trabadas y llaves que no aparecían.