NACIONALES- La Justicia pidió que el Gobierno diga si negocia el arresto domicilario
Casanello envió un oficio a Garavano por el caso Báez y recordó que es el fiscal quien hace los acuerdos
Báez negocia con enviados del Gobierno la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario a cambio de información. Foto: Archivo
l juez federal Sebastián Casanello pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano , que le informe si funcionarios de su cartera mantienen conversaciones con Lázaro Báez para obtener beneficios en su detención, a cambio de aportar información a la causa.
El motivo del pedido del juez es resguardar la legalidad del proceso y evitar nulidades, por lo que le recordó que según la nueva ley del arrepentido, el que puede llevar adelante los acuerdos es el fiscal, en este caso Guillermo Marijuan.
LA NACION informó en su edición de ayer que Báez negociaba con enviados del Gobierno la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario a cambio de información que pueda aportar en la causa en la que está preso por lavado de dinero de la corrupción.
Las fuentes habían dicho que era posible un traslado temporario a un penal de Río Gallegos, por la salud de su madre y luego, si las negociaciones tenían éxito, acceder al beneficio del arresto domiciliario.
La manera de acceder a esos beneficios es declarar como «arrepentido» en los términos de la ley aprobada en noviembre pasado. Esa norma sostiene que el acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado, y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación.
En esta causa, Leonardo Fariña se transformó en arrepentido, pero no con estas formalidades. Declaró, señaló a la ex presidenta Cristina Kirchner y, al poco tiempo, el tribunal que lo mantenía preso por evasión fiscal le permitió la libertad, siempre que quedara bajo la tutela del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia.
El juez Casanello recordó en su oficio a Garavano que el Poder Ejecutivo no interviene en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración.
Sólo puede participar en las cuestiones relacionadas con la necesidad de garantizar la seguridad del arrepentido y la evaluación de su inclusión en el Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Casanello dijo que su tarea es velar por la regularidad del proceso, para evitar nulidades en la causa, pues todo acto declarado nulo «acarrea un retroceso en la investigación y un riesgo para su desenlace exitoso».
Las conversaciones de las que dio cuenta LA NACION no son formales, sino tanteos, para lograr un acercamiento y obtener alguna garantía a cambio de datos. Ninguna de estas charlas está judicializada y transcurren en el submundo del caso, fuera del expediente.
La primera oportunidad que tendría Báez para dar datos es su próxima ampliación de la declaración indagatoria, prevista para el 6 de junio, aunque a fines de este mes y hasta el 4 de mayo declararán sus hijos.
Ya hubo intentos del entorno de Báez de que aporte datos y mejore su situación. A fines del año pasado, Lázaro Báez analizó convertirse en arrepentido. Sus hijos menores se reunieron con el fiscal Marijuan, pero Báez desautorizó las charlas.
Bonadio decide si autoriza viajar a Cristina
El juez federal Claudio Bonadio debe resolver si autoriza viajar a Europa a la ex presidenta Cristina Kirchner, pues la tiene procesada y con prohibición de salir del país en la causa por los alquileres cobrados por la sociedad Los Sauces a empresarios del kirchnerismo. Su colega Julián Ercolini, que la procesó como integrante de una asociación ilícita por la obra pública, ya le dio permiso para salir del país. Bonadio le pedirá hoy opinión al fiscal Carlos Rívolo y luego resolverá. Bonadio había dictado la prohibición de salida del país para la ex presidenta al procesarla junto a sus hijos Máximo y Florencia. Mientras, Ercolini ya consultó al fiscal Gerardo Pollicita y ambos estuvieron de acuerdo en autorizar el viaje. La ex presidenta tiene previsto viajar en mayo a Europa para reunirse con dirigentes políticos y brindar charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y la Universidad de Oxford.
Fuente: LA NACIÓN
