NACIONALES- Diputados aprobó proyecto que limita 2×1 para represores
FUE GIRADO AL SENADO
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, en una clara respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2×1 a favor del represor Luis Muiña.
El proyecto, que este miércoles será considerado por el plenario Senado en una sesión convocada para las 10, contó con 211 respaldos y el solitario rechazo del salteño Alfredo Olmedo.
En un hecho poco habitual, el debate del proyecto aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema.
El texto del dictamen plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2×1 sólo puede aplicarse a «aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley», es decir, entre 1994 y 2001. Se trata de un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas, incluso del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.
Mientras que en la Cámara de Diputados ya estaba cocinado el respaldo al proyecto, en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, en el Senado convocó a una sesión especial para este miércoles por la mañana a fin de darle sanción definitiva de la ley.
Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como «vergonzoso» el fallo de la Corte Suprema.
La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como «uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia», sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.
La legisladora del interbloque Progresistas dijo en este sentido que el deber del Congreso es no «permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país».
«Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley», aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: «Señores jueces, ¡Nunca Más!».
A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que «no tuvieron más remedio» que «aplicar la ley más benigna» tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por «las consecuencias futuras» del fallo.
El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, disintió con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una «intencionalidad política» para «dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos».
Por su parte, líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, planteó sus diferencias ante el fallo de la Corte Suprema aunque responsabilizó al kirchnerismo por no haber sancionado en 12 años una ley aclaratoria para evitar una sentencia judicial que, según consideró, «es correcto desde el punto de vista del positivismo jurídico».
• Los proyectos presentados
Los primeros en ventilar su iniciativa fueron los diputados macristas en Cambiemos, Daniel Lipovetzky y Anabella Hers. «(El proyecto) pretende ser una herramienta legislativa para regular la ley del ‘2×1’ (24.390) y anular su aplicación a procesos judiciales y condenas por crímenes de lesa humanidad», explicaron al difundir la normativa.
Según explicaron los legisladores, el proyecto del PRO tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, modifica el primer artículo a la ley 27.156 de 2015, que «prohíbe la amnistía, indulto o conmutación de pena de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra»: agrega a esa prohibición la aplicación de leyes fenecidas o derogadas, y establece que en caso de ser aplicada, será declarada de «nulidad absoluta».
Pero además, la propuesta limita la aplicación del beneficio del 2×1 «sólo a los casos en los que el procesado haya cumplido efectivamente en detención una porción del proceso durante el período de vigencia de la ley«. La 24.390 fue aprobada a fines de 1994 y rigió hasta mayo de 2001, cuando Fernando De la Rúa la derogó con otra norma. Esta limitación parcial provocará cortocircuitos con la oposición, que según adelantaron rechazarían la aplicación del 2×1 para todos los casos.
Sin embargo, Lipovetzky tiene sus argumentos. «En el 2013 ya hubo un fallo de la Corte ameritando la aplicación del 2×1 en la causa de Antonio Simón pese a que la ley tampoco regía cuando lo detuvieron», remarcó, y agregó que «en ese momento nadie en el Gobierno (de Cristina de Kirchner)reaccionó y en virtud de esa falta de respuesta llegamos a casos como el que conocemos hoy».
Los diputados le ganaron de mano a su colega Federico Pinedo. El senador de Cambiemos también anunció que presentará su propio texto para rechazar la sentencia del máximo tribunal, que tendría la mismas características que el de Livopetzky. «Vamos a hacer un proyecto para que el beneficio del 2×1 se aplique solamente a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley (1994-2001), en general, para cualquier delito, con énfasis en lo que acaba de pasar en delitos de lesa humanidad», dijo Pinedo, quien vaticinó que trabaja en la iniciativa junto al diputado del PROPablo Tonelli.
Desde el Frente Renovador prometieron iniciar juicios políticos a «todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes«. Además, junto al GEN de Margarita Stolbizer llevarán sus quejas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y propondrán un texto alternativo para que los militares y policías condenados no queden en libertad. «Vamos a plantear la nulidad del 2×1», anticipó Sergio Massa.
Donda quiere una ley que excluya a imputados, procesados y/o condenados de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía. «Creemos conveniente darle un claro mensaje a la sociedad y a todos los estamentos del Estado para que la ciudadanía comprenda, que tal lo disponen los diversos Tratados Internacionales con fuerza de ley y que nuestro país ratificó oportunamente, que los delitos de lesa humanidad o genocidio no admiten salidas alternativas», aseguró.
La diputada socialista Alicia Ciciliani presentó un proyecto que ratifica que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación «bajo ningún concepto».
El Frente para la Victoria-PJ presentará un proyecto para repudiar el fallo. Pero según adelantó el presidente del bloque de diputados, Héctor Recalde, también elaborarán una iniciativa para que se excluya del principio de la ley penal más benigna a los condenados por delitos de lesa humanidad «para que no puedan tener los mismos beneficios que un condenado común, ni indulto ni amnistía». El proyecto es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
El neuquino José Alberto Ciampini, del FpV, tramitó además una «declaración» para expresar un «repudio» al fallo en el caso Luis Muiña y aprovechó para criticar al Gobierno por la postura inicial en la polémica. «Me pregunto si el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj como miembro de la comunidad judía y ex integrante de la DAIA hubiera tenido la misma actitud si la justicia alemana hubiera beneficiado ‘con la ley más benigna’ a Herman Goering, Joseph Goebbels, Josef Kramer, Adolf Eichman, Joseph Mengele y a Adolf Hitler o si la Justicia Argentina, aplicara la «ley más benigna» a los responsables de los atentados de la AMIA y la embajada de Israel», lanzó el diputado K.
En la Izquierda el diputado Pitrola se entusiasmó con el pedido de juicio político a los tres supremos. «Es un fallo antijurídico. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto del ex presidente (Carlos) Menem a las Juntas Militares», expresó.
Desde el Bloque Justicialista no prevén por ahora impulsar una ley resarcitoria. Sin embargo, el diputado salteño Pablo Kosiner y el exministro de Transporte, Florencio Randazzo, presentaron este martes un recurso de nulidad ante la Corte para que sea el mismo Tribunal quien declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña. «Denunciamos la no aplicación de la ley 27.156 como el hecho jurídicamente más preponderante y constitutivo de prevaricato, no siendo el único fundamento jurídico de rigor que la Corte ha desobedecido», sostuvieron.
Fuente: ámbito
