Nacionales-Más de 6 millones de niñas y adolescentes podrían verse afectadas por los recortes a políticas contra la violencia de género
- El recorte presupuestario de más de 3 millones de pesos al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, integrado por la Comisión Asesora para las Personas con Discapacidad (CONADIS) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debilita las políticas de protección destinadas a las mujeres.
- Entre 2008 y 2016, 1.859 niños y niñas quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres.
- #InfanciaEnDeuda reclama la inmediata restitución de los fondos y la designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes para resguardar sus derechos.
Las ONGs vinculadas a niñez y adolescencia que llevan adelante la causa #InfanciaEnDeuda destacaron su preocupación frente al recorte de $688.550 en el presupuesto destinado a la “formulación e implementación de políticas públicas de la mujer” y advirtieron que un recorte de las políticas destinadas a combatir la violencia de género pone peligro a todas las mujeres, en especial a las más de 6 millones de niñas y adolescentes que viven en la Argentina, la franja más desprotegida de la sociedad, en un contexto de recrudecimiento de la violencia de género.
Con un presupuesto acotado en políticas de género, que destina apenas $4,43 por mujer, se restringen las posibilidades de que niñas y adolescentes puedan tener una vida actual y adulta libre de agresiones. Esta situación está plasmada en las cifras del Ministerio de Justicia que señalan que el 57% de las víctimas de violencia tiene menos de 18 años”.
La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece en su artículo N°9 que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico de cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”. Recortar el presupuesto de CNM y de otras políticas sociales atenta contra este derecho fundamental no sólo para los niños, sino para el futuro de la sociedad.
Los números son claros: En 2016, 254 mujeres y niñas fueron asesinadas, de ellas 17 eran menores de 16 años, y 34 tenían entre 16 y 20 años. Como consecuencia de los femicidios, 244 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin mamá, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema de la Nación. Además, el Consejo Nacional de la Mujer indicó que tres de cada diez denuncias recibidas por la Línea 144 fueron por violencia contra niñas y adolescentes. En tanto que, según La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2016, un total de 1.859 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos y huérfanas como consecuencia de los crímenes de sus madres. En ese mismo período, se cometieron 2.384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.
Si bien desde el CNM se ha realizado una aclaración con respecto a las modificaciones presupuestarias, destinadas al pago de servicios adicionales de la Policía Federal, #InfaciaEnDeuda considera que el uso abusivo de las facultades del Ejecutivo va en detrimento de los derechos de las mujeres, reafirmando un aumento de la violencia institucional contra las mujeres, niñas y adolescentes. Es imperiosa la restitución de esos fondos para que se utilicen como fueron asignados por el Congreso nacional.
Asimismo, las políticas para luchar contra la violencia de género y las defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden estar libradas a decisiones arbitrarias que obstaculizan su cumplimiento, ni naufragar en tiempos laxos.
Ya en febrero pasado se había intentado recortar el presupuesto en políticas contra la violencia de género. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), integrantes de #InfanciaEnDeuda, alertaron en ese entonces sobre un recorte de $67 millones en el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Los fondos fueron restituidos luego de la presentación de un recurso de amparo.
Con un presupuesto acotado en políticas de género, que destina apenas $4,43 por mujer, se restringen las posibilidades de que niñas y adolescentes puedan tener una vida actual y adulta libre de agresiones. Esta situación está plasmada en las cifras del Ministerio de Justicia que señalan que el 57% de las víctimas de violencia tiene menos de 18 años”.
La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece en su artículo N°9 que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico de cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”. Recortar el presupuesto de CNM y de otras políticas sociales atenta contra este derecho fundamental no sólo para los niños, sino para el futuro de la sociedad.
Los números son claros: En 2016, 254 mujeres y niñas fueron asesinadas, de ellas 17 eran menores de 16 años, y 34 tenían entre 16 y 20 años. Como consecuencia de los femicidios, 244 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin mamá, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema de la Nación. Además, el Consejo Nacional de la Mujer indicó que tres de cada diez denuncias recibidas por la Línea 144 fueron por violencia contra niñas y adolescentes. En tanto que, según La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2016, un total de 1.859 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos y huérfanas como consecuencia de los crímenes de sus madres. En ese mismo período, se cometieron 2.384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.
Si bien desde el CNM se ha realizado una aclaración con respecto a las modificaciones presupuestarias, destinadas al pago de servicios adicionales de la Policía Federal, #InfaciaEnDeuda considera que el uso abusivo de las facultades del Ejecutivo va en detrimento de los derechos de las mujeres, reafirmando un aumento de la violencia institucional contra las mujeres, niñas y adolescentes. Es imperiosa la restitución de esos fondos para que se utilicen como fueron asignados por el Congreso nacional.
Asimismo, las políticas para luchar contra la violencia de género y las defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden estar libradas a decisiones arbitrarias que obstaculizan su cumplimiento, ni naufragar en tiempos laxos.
Ya en febrero pasado se había intentado recortar el presupuesto en políticas contra la violencia de género. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), integrantes de #InfanciaEnDeuda, alertaron en ese entonces sobre un recorte de $67 millones en el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Los fondos fueron restituidos luego de la presentación de un recurso de amparo.
Sobre #InfanciaenDeuda: es una causa que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante una campaña de concientización para dar prioridad a los derechos de los niños en la agenda de políticas públicas. Está integrada, entre otras, por la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, la Asociación por los Derechos civiles (ADC), la Fundación Sur, Haciendo Camino y Aldeas Infantiles. El principal objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley 26.061 -promulgada en 2005- que, además de crear el cargo del Defensor del Niño, incluye entre otros puntos la realización de una encuesta nacional nutricional que informe sobre la situación actual de la niñez; la implementación de una política coordinada e integral para cumplir con los derechos de la primera infancia, y la asignación del presupuesto necesario para garantizar las necesidades de niñas, niños y adolescentes de la Argentina
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