La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó el benefico del arresto domiciliario para César Brian Carrizo; Matías Ezequiel Giulietti; Sergio Ramón Rodas y Carolina Denise Guevara. En tanto sigue detenido el oficial de servicio Alexis Eva y prófugo el comisario Alberto Donza.

La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó parcialmente la decisión del juez César Solazzi de beneficiar con arresto domiciliario a cuatro de los cicno policías detenidos por el incendio que terminó con la vida de siete jóvenes en los calabozos de la Comisaría Primera.

Los camaristas Mónica Guridi; Gabriela Jure y Martín Morales brindaron este beneficio procesal a los oficiales: César Brian Carrizo; Matías Ezequiel Giulietti; Sergio Ramón Rodas y Carolina Denise Guevara. En tanto sigue detenido el oficial de servicio Alexis Eva y prófugo el comisario Alberto Donza.

El beneficio consiste en un arresto domiciliario con control de monitoreo electrónico, la famosa pulsera, en los domicilios que cada uno de los imputados ofreció a esos fines. Por los tanto, los policías siguen con prisión preventiva y lo que se hace es que se cumpla esa prisión preventiva en sus domicilios con las restricciones que la Justicia dispuso.

Oposición de los familiares de las víctimas

Los familiares de los siete jóvenes fallecidos en el incendio de la celda de la Comisaría el jueves 2 de marzo repudiaron la decisión judicial de los camaristas Morales, Jure, Guidi y el juez Solazzi.

En un comunicado se cuestionaron sobre la diferencia entre «la cámara de gas de los nazis y la cámara de gas carbónico de los policías que dejaron morir a nuestros hijos el pasado  2 de marzo en la comisaria Primera de esta ciudad de Pergamino hipócrita».

Irónicamente los jóvenes estaban presos en procesos por delitos menores a los que mantenían detenidos a los policías.

Cuestionaron el término fatalidad utilizado por autoridades municipales y requirieron que denominen como masacre a lo ocurrido esa tarde de marzo en nuestra ciudad. En este sentido afirman que «los uniformados actuaron con desidia, tomaron la decisión de no intervenir, decidieron  con su juicio propio que les da el uniforme azul, el sentirse dueños de casa «comisaria», las acciones, las inacciones, y las omisiones que llevaron a cabo ese día los policías, configuraron el delito, ellos debían resguardar las vidas de las personas que tenían a su cuidado».

Otro de los cuestionamientos es que «serán monitorizados por la misma fuerza que seguramente está cubriendo y bancando al titular de la comisaria Sebastian Alberto Donza, comisario prófugo, será la misma fuerza que marchaba por su libertad. La pulsera magnética es un dispositivo que alerta pero no evita la profuguez».

Piden justicia por Sergio Filiberto; Fernando Latorre; Franco Pizarro; Alan Córdoba; Juan José Cabrera; Jhon Claros; Federico Perrotta; los siete jóvenes que murieron encerrados en los calabozos de la Comisaría Primera.

Beneficio a los policías atenta contra la búsqueda de justicia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia la decisión de la Cámara de Apelaciones que ratificó el arresto domiciliario para cuatro de los seis policías imputados por la Masacre de Pergamino. Las querellas y el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores; sin embargo, la decisión de la Cámara desestimó estas advertencias. La CPM volverá a apelar porque entiende que tal decisión es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia.

La semana pasada el juez de Garantías, César Solazzi, concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS a los cinco imputados por la Masacre de Pergamino. Ahora, la Cámara de Apelaciones ratificó esa medida para cuatro de los cinco policías. Tanto la decisión de Solazzi como de la Cámara desconocieron el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación. Todo esto sucede mientras el Comisario Alberto Donza continúa prófugo de la justicia.

Ante la gravedad de esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia la decisión de la justicia y advierte una vez más con preocupación la selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad. Asimismo, la CPM exige que se revea la aplicación efectiva de este beneficio porque entiende que pone en serio riesgo el avance de la causa judicial.

En ese sentido, el organismo recuerda que, desde el primer momento, la policía —valiéndose del carácter corporativo de las fuerzas de seguridad— intentó entorpecer la investigación. Entre las pruebas que existen en la causa, se determinó que fueron adulteraron los libros de la Comisaría; una vez imputados, ellos y sus defensores realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas.

Todas estas advertencias y denuncias presentadas por las querellas y por el fiscal Nelson Mastorchio fueron desoídas primero por el juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones. De hecho, resulta significativo el cambio de parecer del juez Solazzi puesto que él mismo, dos meses antes, había dictado la prisión preventiva de los imputados reconociendo el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación.

Entre un momento y el otro, la única novedad fueron los informes socioambientales y pericias psiquiátricas, que sostuvieron que los imputados cuentan con una estructura de “contención familiar”. Para Solazzi, esos resultados bastaron para considerar que se habían neutralizado las circunstancias que llevaron al dictado de la prisión preventiva. Sin embargo, la CPM señaló durante la audiencia en la Cámara de Apelaciones que esas definiciones resultan insuficientes para sostener una resolución que, a su vez, es contraria la jurisprudencia vigente y constituye un agravio a los familiares de los siete jóvenes que murieron quemados y asfixiados en la Comisaría 1ª.

Si bien la prisión preventiva no debe ser un recurso procesal de utilización sistemática porque vulnera los principios constitucionales de las personas no condenadas, sí debe ser considerada en aquellos casos, como éste, en los que exista la posibilidad de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación penal. Las estrategias de encubrimiento por parte de los imputados y el estado prófugo del comisario Donza son prueba fehaciente de ese riesgo.

En este marco, la CPM —que patrocina a las familias de Sergio Filiberto, Fernando Latorre y Franco Pizarro— espera que la resolución sea revisada y que la justica tenga en cuenta la gravedad del hecho por el carácter de funcionarios públicos de los imputados como así también la elevada pena que tiene el delito por el que se los imputa.

Finalmente, la CPM señala que, desde el primer momento, la comunidad de Pergamino acompañó masivamente a los familiares de las víctimas en cada una de las marchas que siguen reclamando “Justicia por los 7”. En ese sentido, la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones también desconoce el reclamo popular para que estos delitos sean condenados de manera proporcional al daño que han impuesto no sólo a las víctimas directas de la Masacre sino a toda la sociedad.

Fuente: El Tiempo