Uno de los pre candidatos inscriptos en la Justicia Electoral demandó a los apoderados del partido Unión Federal por utilizar su identidad para una lista trucha.

El fiscal Pablo Santamarina ha iniciado una investigación penal que debe determinar la posible responsabilidad penal de los apoderados de la lista Unión Federal a nivel nacional por la utilización de la identidad de vecinos de nuestra ciudad con presuntos fines defraudatorios a las arcas del Estado.

La investigación de la Fiscalía 8 surge a partir de la denuncia realizada por Ignacio Bo, a partir de ver su nombre publicado en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral como pre candidato a concejal titular por el distrito Pergamino.

Al igual que a Ignacio Bo otros 21 vecinos de nuestra ciudad le han utilizado su nombre, su número de DNI y falsificado su firma para prestar la conformidad para integrar la nómina inscripta en la Justicia Electoral.

La instrucción judicial ha requerido distintos informes a la Justicia Electoral como las copias de las inscripciones de listas y los instrumentos utilizados para postular a los precandidatos pergaminenses y quienes han firmado como responsable de ese trámite.

En principio, este caso como otros denunciados en la provincia se encuadraría en la figura penal “falsedad ideológica”. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires deberá establecer las coincidencias de identidad entre los denunciantes y los ciudadanos inscriptos como precandidatos, junto con un cotejo entre las firmas de los denunciantes y las que figuran en las planillas presentadas por los apoderados de las listas,entre otras medidas probatorias.

Más allá de la “falsedad ideológica”, otro eventual delito que estará en la mira de quienes deban estudiar cada caso será el de “defraudación al Estado”, puesto que la experiencia (y numerosos antecedentes) dice que en muchas oportunidades la confección y presentación de listas “truchas” de candidatos configuran un modus operandi cuyo objeto es un botín económico: hacerse del dinero para la impresión de boletas electorales con recursos que el Estado provee para tales fines. Después, claro: no se imprimen o se imprimen menos de las que hubieran correspondido.

Serán cuestiones que deberá determinar la Justicia, del mismo modo que será materia de análisis por parte de la Junta Electoral bonaerense si corresponde o no que las listas involucradas en las denuncias participen en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo.

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