La mujer, de la que no trascendió su identidad, murió por una infección generalizada el miércoles pasado, tres días después de haber ingresado al Hospital Pacheco de Tigre. Según comunicó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, vivía en el barrio de Los Tábanos y tenía escasos recursos económicos.

A pesar de que en el hospital se le practicó una histerectomía de urgencia por el cuadro que presentaba, la mujer no sobrevivió y murió a causa de un shock séptico. De acuerdo a la información de los médicos que tuvieron acceso al diagnóstico, la infección generalizada de origen uterino se generó por una maniobra de aborto incompleto.

“Se produjo un Síndrome de Mondor, una infección en el útero”, explicó a Página/12 Cecilia Agote, integrante de la Red. El martes, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez el proyecto para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, acompañada por una marea verde que volvió a tomar las calles de toda la Argentina para reclamar la legalización del aborto.

«Esta muerte pone sobre la mesa una vez más la responsabilidad del Estado frente a las muertes evitables de mujeres por abortos inseguros”, advirtió en un comunicado la Red.

Además de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación (y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación), el proyecto presentado el martes establece que el Estado debe garantizar «asesorías» para las personas que las soliciten a la hora de pedir un aborto. En ellas, deberán recibir información «objetiva, pertinente, precisa, confiable, científica, actualizada y laica» sobre la práctica, y además se les tendrá que ofrecer métodos anticonceptivos.

«El Estado es responsable tanto de asistir como de informarle a la mujer que existen efectores de salud en todo el país que deben acompañarla en su situación», indicaron desde la red, que cuenta con más de 40 efectores públicos de salud y con distintas organizaciones para acompañar las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar “respecto a su salud sexual, reproductiva y no reproductiva».

«Gritamos ni una muerte más por abortos inseguros. El Estado es responsable», concluyó la Red.